Jaime Antezana Rivera.

¿Se lucha real y efectivamente contra el narcotráfico en el Perú? Luego de conocerse que la reforma electoral que aprobó el congreso no incorporo mecanismos de control de las finanzas privadas para los partidos políticos, movimientos regionales y movimientos independientes locales y, después, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF tampoco podrá -según su jefe- investigar los aportes económicos en la campaña electoral porque el mismo congreso omitió una iniciativa normativa para que pueda realizar –de oficio- esas investigaciones, la respuesta es que no hay un combate efectivo al narcotráfico.

¿Por qué? Muy sencillo: al no existir ningún tipo de control del financiamiento privado a las -como lo plantearon los organismos electorales (ONPE y JNE)- a las organizaciones políticas  nacional, regional y local, se deja (mejor dicho se mantiene) el camino libre a los aportes económicos, legales e ilícitos, a dichas organizaciones políticas. Y, dentro de los aportes ilícitos, destaca el financiamiento del narcotráfico a políticos o a sus propios candidatos para obtener protección de sus actividades ilegales.

Así, al mantenerse el statu quo, es decir, la inexistencia de mecanismos de control del financiamiento privado legal o ilícito, el narcotráfico seguirá infiltrando impunemente onerosas sumas de dinero proveniente del tráfico de drogas y el lavado de activos a los candidatos presidenciales de su preferencia y al -sean alquilados o propios- al congreso. O, dicho de otro modo, los narcotraficantes continuaran lavando activos en la campana electoral para conseguir la elección de un presidente de la república y congresistas que sean funcionales a sus intereses.

Lo sorprendente es que, luego de firmar varios pactos para impedir la infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas, fue una decisión política de la mayoría de partidos políticos del congreso de la república que ha dejado al Estado desarmado para controlar la penetración del dinero ilegal y “blanco” en esta campaña electoral. Esa decisión –con raras excepciones- los desenmascara: no solo no quieren democratizarse sino tampoco quieren que se controle el financiamiento del narcotráfico a los políticos. Muy claro.

De esa manera, la mayoría de los partidos políticos en el congreso (APRA, Fuerza Popular, Perú Posible, etc.,) consagran una inveterada práctica que ocurre hace, más o menos, 35 años en el Perú: el financiamiento del narcotráfico a campañas de candidatos presidenciales y candidatos al congreso para que protejan su negocio ilícito y delitos conexos. En efecto, desde 1980 hasta la actualidad, se visibilizaron múltiples casos que vinculan a partidos políticos, congresistas y presidentes de la república con el narcotráfico.

Veamos. ¿Acaso Carlos Langberg no financio la campana de Armando Villanueva del Campo, candidato por el APRA en las elecciones de 1980? ¿Acaso Acción Popular (AP) no tuvo dos parlamentarios desaforados por tener vínculos con el narcotráfico: el diputado por Tingo María Reynaldo Rivera Romero y el senador Eduardo Yoshimura Montenegro por vínculos con “Mosca Loca”? ¿Acaso el diputado aprista Manuel Ángel Del Pomar no estuvo vinculado al narcotráfico en el primer gobierno de Alan García?

¿O, en el gobierno de Alberto Fujimori, el narcoavión presidencial donde se encontró cocaína que iba a ser enviada a Rusia, o la acusación de Vaticano” a Vladimiro Montesinos de cobrarle $50 mil por vuelo, o el hallazgo de cocaína en tres narcobuques de la Marina, etc. no son casos que muestran la vinculación del gobierno de Fujimori con el narcotráfico?

¿O la acusación del expresidente colombiano Andrés Pastrana de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos compraron 50 mil fusiles cuyo destinatario era las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con dinero de un narcotraficante brasileño, operación fue descubierta por las autoridades colombianas?

En suma, las relaciones entre narcotráfico, partidos políticos y el poder político se visibilizo (no comenzó) hace 35 anos. Eso es la narcopolítica. También es obvio que seguiremos viendo el inescrupuloso financiamiento del narcotráfico a candidatos presidenciales y al congreso en la campana electoral. Y en las subsiguientes elecciones: las elecciones municipales y regionales del 2018 y las elecciones generales del 2021.

En consecuencia, gano la ilegalidad y el narcotráfico. Perdió el país. Sin duda alguna, que los narcotraficantes están felices. Esa alegría cruza transversalmente toda la cadena empresarial de esta industria clandestina: desde los patrones de firmas pequeñas y medianas hasta los barones de la cocaína o firmas nacionales. Más alegres están los candidatos que salen de las entrañas de ese negocio o candidatos alquilados en 16 regiones.

Ahí no queda todo. Las políticas antidrogas –no nacionales ni integrales- que se han implementado en los últimos 40 años no consideraron el control del lavado de activos proveniente del tráfico de drogas como un componente básico de las acciones antidrogas. En los 80 y 90, la lucha antinarcóticos tuvo dos tres ejes centrales: la erradicación de la coca, el decomiso de drogas y la interdicción aérea. El control de insumos químicos y el control del narcodinero fueron casi inexistentes.

Actualmente, esa situación -en lo fundamental- continúa siendo así. Hubo una excepción notable: en diciembre del 2005, fue condenado de Fernando Zevallos por tráfico de drogas y lavado de activos. Posteriormente, a diferencia del pasado, las investigaciones por lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas ascienden a varias centenas de empresarios y traficantes de drogas.

Ahora, ¿cuántos casos investigados por lavado de activos procedente del tráfico de drogas están condenados? Muy pocos. Es decir, que la mayoría de los casos investigados por lavado de activos han terminado archivados por los fiscales. Otra gran cantidad de casos por lavado marchan también a ser archivados. Tres casos llamados emblemáticos ilustran lo que pasa con las investigaciones por lavado de activos procedente del tráfico de drogas: el clan Sánchez Paredes, Luis Valdés y Cesar Cataño, son casos que tienen más de cinco años y sin visos que vayan a ser condenados.

Asimismo, desde fines del año pasado e inicios de este, las procuradoras antidrogas y lavado de activos y el ministerio público están investigando por lavado de activos o enriquecimiento ilícito -por primera vez- a una franja de autoridades políticas: alcaldes distritales y provinciales, expresidentes regionales y algunos actuales gobernadores regionales. Esos procesos están en curso.

Evidentemente, ese panorama revela que el narcotráfico no solo ha penetrado la política sino también ha penetrado profundamente otras tres instituciones: policía, ministerio público y poder judicial. Poco o nada podemos esperar de estas instituciones. Además, confirma que las políticas antidrogas no consideran el control del lavado de activos como un instrumento básico de la lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas.

No existe decisión política para enfrentar a los dueños del negocio o los narcos de “cuello y corbata”: los narcoempresarios que son los patrones” de las firmas o clanes familiares. Así es: más allá de golpes esporádicos a clanes familiares dedicados al tráfico de drogas y lavado, los que mayormente son detenidos y son condenados por narcotráfico son el lumpeproletariado narco: poceros, mochileros o cargachos, traqueteros y burriers.

Aquí hay una paradoja: si el narcotráfico es una industria multinacional subterránea porque no se le combate donde más le duele y afecta, el dinero. Y, por consiguiente, porque no se captura tanto al lumpenproletariado narco como a los “patrones” de las firmas locales, regionales y nacionales, es decir, al pequeño narcoburgues, a los narcoburgueses regionales y a los narcoburgueses nacionales, que son los que manejan el negocio nacional de las drogas.

Desde esta perspectiva, no se está combatiendo efectivamente a la industria de la cocaína. La casi intangibilidad del narcodinero hace que las demás acciones antinarcóticos (erradicación, control de insumos químicos, decomiso de drogas, destrucción de pistas de aterrizaje) sean insuficientes para afectar este negocio. Esos costos se licuan. Ello  le permite al narcotráfico reponer los costos que provoca las acciones antidrogas inconexas.

Eso es lo que está ocurriendo hace muchos años: la coca erradicada se resiembra en el mismo lugar o migra a otra zona; los insumos químicos decomisados son sustituidos por otros cargamentos con visos de legalidad; las incautaciones de drogas son aceptadas como costos propios del negocio; y las pistas de aterrizaje se rehabilitan o construyen en otras zonas.

Por eso, en general, sino se controla el lavado de activos del narcotráfico no solo a los partidos políticos o movimientos regionales y locales, principalmente en las campañas electorales, sino también a los narcoempresariado no habrá un combate efectivo y eficaz contra el narcotráfico. Al revés, la decisión que no exista control de  las finanzas legales e ilegales, donde está en dinero del narcotráfico, lo fortalece.

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Jaime Antezana Rivera
Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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