No es la primera ni será la última, pero acaba de aparecer otra amenaza a la libertad de expresión que debe ser rechazada.
Esta vez viene desde el Apra, y específicamente por iniciativa del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien es, curiosamente, alguien respetuoso y tolerante a la crítica y el punto de vista opuesto, a diferencia de algunos ‘compañeros’ suyos que, en estos asuntos de discrepancia, prefieren la cachiporra prepotente del atajo hacia la censura, antes que la persuasión del argumento.
Velásquez Quesquén presentó el 7 de octubre, en complicidad –perdón, con el respaldo– de la bancada de Concertación Parlamentaria, una iniciativa para poder meter a la cárcel, por entre cuatro y ocho años, a los periodistas que difundan audios de conversaciones personales.
Este proyecto pretende insertar un nuevo artículo al código penal (162-B), que quedaría, si finalmente se aprueba este esperpento, redactado de la siguiente manera:
“Artículo 162-B. Difusión indebida de comunicaciones. El que, indebidamente, difunde la grabación de una conversación personal, telefónica, audiovisual u otra análoga, sin el consentimiento de su interlocutor, salvo resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis años, siempre que tal difusión afecte el honor, la seguridad personal o el derecho a la intimidad de este último o su familia, o a su patrimonio”.
El ejercicio responsable y con ética del periodismo implica, sin ninguna duda, el respeto al derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, con lo cual esta iniciativa legislativa tendría fundamento.
Pero un periodismo responsable también reconoce excepciones al derecho a la privacidad y a la intimidad cuando existe un caso de real interés público.
El problema de esta iniciativa legislativa es que apunta a estos últimos casos, constituyendo una amenaza a los periodistas, pues podrían encarcelarlos hasta por nada menos que ocho años si es que, por ejemplo, en esta campaña electoral difunden material como los vinculados a los ‘Petroaudios’, que revelaron una trama mafiosa al interior del segundo gobierno del presidente Alan García; o, para no ir muy lejos, de las conversaciones de Gerald Oropeza que involucren a políticos.
Tal como se ha hecho en esta columna con iniciativas similares previas, como la de la bancada del PPC como reacción a la difusión de los ‘potoaudios’ de Lourdes Flores, que casi la promulga el gobierno actual, hay que oponerse a estas mordazas empaquetadas como proyectos legislativos, en defensa de la libertad de expresión y de investigación de la corrupción, lo cual es sagrado.

Fuente:
Augusto Álvarez Rodrich
larepublica.pe

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