Jaime Antezana Rivera.

Una nueva narcoemboscada, la sexta en lo que va del año, de una columna armada del clan Quispe Palomino contra dos unidades policiales de carretera se produjo el miércoles 6 de agosto, a las 6 pm, en la vía principal a Tuccucasa, a una hora del distrito de Paucarbamba, Churcampa, Huancavelica.

Esta nueva narcoemboscada dejó tres policías abatidos, un patrullero siniestrado y otro en llamas. Se trata, por las unidades policiales de carretera quemadas y destruidas, una de las emboscadas de mayor destrucción que ha ocurrido en los últimos dos años (2016-2017).

Por los costos sociales, es similar a la que se produjo en Cumumpiari, Santa Rosa, La Mar, Ayacucho, el mes de marzo pasado, que dejo tres policías abatidos y varios heridos. También es mayor a la emboscada ocurrida en Pachahuaycco, Luricocha/Huanta, el 31 de mayo, que dejo dos policías muertos.

Igualmente, es casi el doble del costo social que dejo las dos narcoemboscadas ocurridas en la zona de Nuevo Horizonte, en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, Ayacucho, el 31 de julio y 1 de agosto pasado: un soldado muerto cada día y varios heridos. En total, dos soldados muertos.

Redondeando: con los tres policías cruelmente abatidos en tierras huancavelicanas suman ocho policías muertos en cuatro narcoemboscadas ocurridas entre marzo a setiembre: Cumumpiari (Santa Rosa/La Mar), Pachahuaycco (Luricocha/Huanta), Los Ángeles (Llochegua/Huanta) y Tuccucasa (Churcampa/Huancavelica). Ocho policías muertos en siete meses.

Visto desde la perspectiva de los costos sociales y materiales, esta nueva narcoemboscada perpetrada por una columna armada del clan Quispe Palomino es comparable a la de marzo del 2008 y abril del 2012, que dejo cuatro y cinco policías abatidos respectivamente.

¿Que significa esta sexta narcoemboscada en Churcampa, Huancavelica? Definitivamente, es la consolidación de la ofensiva de la organización armada del clan Quispe Palomino en el VRAEM. Es la muestra palmaria de una notable recuperación de su capacidad de fuego y de su (re)expansión en un escenario de narcoguerra.

Sin duda alguna, ocho policías y dos soldados abatidos en seis emboscadas son datos concretos que confirman esas dos afirmaciones. El primero, la recuperación de la capacidad de fuego, empezó con la emboscada en Santo Domingo de Acobamba, el 9 de abril de 2016, en que abatieron a varios soldados y dos civiles.

Y ha quedado corroborado con la emboscada a las dos unidades policiales en la vía principal a Tuccucasa, que dejo tres policías abatidos y dos unidades policías destruidas. Han logrado re expandirse a la provincia de Churcampa, que fue precedido por dos hostigamientos a policías en Allcomachay.

Por otro lado, la consolidación de la ofensiva de la organización armada del clan Quispe Palomino confirma, o requeteconfirma, que la estrategia militar antisubversiva o terrorista es un total fracaso. No es puede combatir a una narco-organización, como el clan Quispe Palomino, con una estrategia que fue valida para fines de los 80 y parte de los 90.

Una clara muestra de la incapacidad de las FFAA es que dos embarcaciones fluviales de chocaran y, justo en plena búsqueda y hallazgo de restos de soldados, se produzca la sexta narcoemboscada. Peor aún: cuando hay una denuncia contra las FFAA por un contrato sospechoso con una empresa colombiana dejado sin efecto.

Lo que vive el VRAEM es una narcoguerra. ¿Pruebas? Ni un alcalde, teniente alcalde, agente municipal, alcalde de centro poblado, juez, subprefecto (ex gobernador), ha sido asesinado por los “revolucionarios” o “comunistas” dirigidos por “José”. Menos aún, más allá de emboscadas a policías y militares, han boicoteado ningún proceso electoral.

Tampoco, más allá de secuestrar trabajadores (Techint, junio 2003 y Camisea, abril 2012) para negociar dinero, medicina y otras cuestiones logísticas, han saboteado ninguna de las empresas trasnacionales que operan dentro y fuera del VRAEM. Para los pocos informados, consideran que estas empresas “benefician” al pueblo peruano.

En suma, no buscan destruir el Estado. No buscan construir un nuevo poder o Estado. ¿Que buscan, entonces, con sus acciones armadas contra policías y militares? Al igual que los pelotones armados que dan protección a los mochileros en los caminos de herradura, pero con experiencia de guerra y dominio del escenario, buscan facilitar la salida de la droga (PBC o cocaína) del VRAEM hacia las narcopistas, los puertos marítimos y las fronteras.

Ese es el sentido de sus emboscadas/ataques a patrullas militares y unidades policiales; de sus hostigamientos a bases militares y ataques a comisarias (Ocobamba, Chincheros/Apurímac, 2007 y Vilcabamba, La Convención, Cusco, 2010). Es, pues, una narcoguerra que esta siendo enfrentada con una estrategia antiterrorista.

Una estrategia antiterrorista que no enfrenta al narcotráfico. Es, en ese sentido, una estrategia de coexistencia con el narcotráfico. De convivencia. Una estrategia que tiene que ser cambiada por una política integral de lucha contra el narcotráfico. Es en esos marcos, se debe enfrentar al clan Quispe Palomino.

No hacerlo, después de narcoemboscada en Tuccucasa, Churcampa, es beneficiar al narcotráfico y su principal expresión armada: la organización armada de Víctor Quispe Palomino, alias “José”, que es, a la vez, una firma del narcotráfico. Si no se cambia la estrategia que ha predominado desde marzo del 2008, las emboscadas a policías y militares continuaran.

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Jaime Antezana Rivera
Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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