Jaime Antezana Rivera.

A pocas horas del fin de semana pasado, el viernes 3 de noviembre pasado, cuando la población salia de la resaca de las fiestas de halloween, la música criolla y el día de los santos o los muertos, el pleno del congreso aprobó un dictamen, por mayoría, para la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en las labores de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en las zonas en estado de emergencia de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

¿Por que, precisamente, a pocas horas del fin de semana se aprueba un dictamen tan importante que permitirá, si se aprueba en segunda votación del Pleno del Congreso, que las FFAA participen en labores de interdicción contra el trafico ilícito de drogas, es decir, en la lucha contra el narcotráfico? Se hace al borde del fin de semana para que esa movida del fujialanisno pase desapercibido y no haya cuestionamiento.

En esa misma línea, por la rapidez de la aprobación del mencionado dictamen, se busca evitar dos cosas: por un lado, un balance objetivo de lo que ha sido la implementación de la estrategia militar antiterrorista de las FFAA en el VRAEM en los 9 años y 8 meses que tiene y, de otro, si es necesario realmente que las FFAA intervengan en las “labores de interdicción” o, cosa que no se dice, en la lucha contra el narcotráfico.

2015-2016: Del repliegue a la ofensiva del clan Quispe Palomino.

En cuanto a lo primero, más allá de algunos relativos éxitos entre fines del 2012 y parte del 2016, la estrategia militar antiterrorista ha sido un fracaso. En efecto, a cuatro meses de cumplirse 10 años de la ejecución de esa estrategia, las FFAA no lograron el objetivo cardinal que les fue encomendado: la desarticulación de la organización armada de los hermanos Quispe Palomino y, lo que es peor, no están cerca de lograrlo.

Todo lo contrario: en lo que va de este año, la PNP ha sufrido nueve bajas y tres las FFAA. En total, doce efectivos de las fuerzas de seguridad fueron abatidos en narcoemboscadas por las columnas armadas del clan Quispe Palomino. Y ¿cuantas bajas tuvo la estructura armada dirigida por “José”? Solo dos: “Ciro” y “Humberto”. ¡¡Doce bajas de las fuerzas de seguridad del Estado vs dos del clan Quispe Palomino!! ¿Que indica estos datos, sin incluir los policías y militares heridos?

Los datos son rotundos: la estrategia militar antiterrorista es un fracaso. Si bien el mayor número de bajas es de la PNP, sin embargo, el VRAEM esta bajo responsabilidad total de las FFAA. Por lo tanto, es su responsabilidad. Pero lo que es peor: los hechos indican que la narco-organización armada del clan Quispe Palomino ha recuperado capacidad de fuego y ha pasado a la ofensiva en la parte norte del VRAEM.

Esos datos, por otro lado, dejan en evidencia que el ministro de defensa Jorge Nieto, el 20 de octubre pasado, proporcionó resultados inexactos del operativo “Tenaz”. Ese día, en canal N indico que cuatro “narcoterroristas” habían sido abatidos pero, hasta ahora, no ha mostrado pruebas. Solo han sido mostrado “Ciro” y, el último cuerpo hallado, Humberto”. ¿Donde están los demás “narcoterroristas” abatidos del “exitoso” operativo? Solo hay silencio.

Regresando al análisis de los datos. Las narcoemboscas revelan que han vuelto a operar en zonas que dejaron luego del abatimiento de “Alipio”, “Gabriel” y “Alfonso”, en agosto del 2013: Santa Rosa, en La Mar; Luricocha, en Huanta, Churcampa, en Huancavelica. En concreto, han vuelto a controlar el norte del VRAEM por donde sale la droga a Ayacucho, Huancavelica y Junín. Eso si, no se han vuelto a (re)expandir al sur del Vraem.

2008-2012: El fracaso de la estrategia militar antiterrorista.

Pero el fracaso de la estrategia militar en curso empezó antes. Desde una mirada retrospectiva, entre julio del 2003 hasta el año 2012, el número de bajas son absolutamente adversos para las FFAA y Policía Nacional: de 126 bajas, 76 corresponden a las FFAA y 37 a la policía. Los datos de la realidad muestran que la estrategia militar antiterrorista fracaso desde que empezó a implementarse con la creación del Comando Especial de las FFAA del VRAEM, en marzo del 2008.

Las pruebas. El primer operativo, “Excelencia 777”, a fines de agosto del 2008, cuyo objetivo era golpear a esta organización en su madriguera, Vizcatán, fue un rotundo fracaso. El resultado: 19 militares abatidos y 4 policías. Ese dato incluye a dos marinos abatidos en Sanabamba, en junio de ese año. El 2009, los subsecuentes operativos en Vizcatán fueron, igualmente, un fracaso estrepitoso. Fue el año de mayor número de militares abatidos en emboscadas: 29 y 3 policías.

Al año siguiente, 2010, siete militares y cuatro policías. El 2011, fue también muy duro para las FFAA: 13 soldados cayeron abatidos en narcoemboscadas. Y, el 2012, se redujo a 8 militares y 7 policías abatidos. A todo ello hay que sumar el derribamiento de dos helicópteros: uno en Carrizales, Santo Domingo de Acobamba, el 2009, y en Alto Lagunas, Cusco, en abril del 2012, en el marco del fracasado Operativo “Libertad”.

Por los resultados, la estrategia militar antisubversiva fracaso desde que empezó e implementarse. ¿Y cuantas bajas, entre el 2003 al 2012, tuvo la narco-organización de los hermanos Quispe Palomino? Estos se pueden contar con los dedos de una mano: “Dalton” (2003), “Víctor” (2010), “Rufino” (2010) y “William” (2012). Es decir, solo cuatro bajas mientras que, en ese mismo periodo, las FFAA 76 y la PNP 37 bajas. Sumando: 113 bajas.

2012-2016: Los relativos éxitos y el sistema de ciudadanos colaboradores.

Cabe señalar que la caída de “William”, en setiembre de ese año, fue producto de la implementación del sistema de ciudadanos colaboradores que empezó con el operativo Albergue. Ese fue el primer golpe duro a la organización armada de los Quispe Palomino. El 2013, el 11 de agosto, tras un fino de trabajo de inteligencia, principalmente humana, se logro infligir el golpe más importante a la organización de Víctor Quispe Palomino: el abatimiento de “Alipio”, Gabriel” y Alfonso”.

Este fue -que duda cabe- el más durísimo golpe en el vértice de esta organización: fue abatido el segundo hombre, “Alipio”, y el cuarto hombre, “Gabriel”. Un golpe que, pese a que continuaron hostigando bases militares y destruyeron antenas de telefonía fija y móvil, los hizo retroceder y replegarse en el norte del VRAEM. En ese contexto, se capturaron a mandos y hubo importante deserciones que empezó antes pero que prosiguió hasta el 2015.

Estos relativos éxitos, pues no logro la desarticulación de esta organización, se prolongó hasta 20 de mayo del 2016, cuando las fuerzas combinadas con el apoyo de colaboradores civiles abatieron a “Alejandro”, en Llochegua. Ese hecho fue precedido por el fracaso del operativo en Virgenccasa, en setiembre del 2015: las FFAA no lograron -aún cuando señalaron que estaba gravemente herido o que había sido abatido- abatir a “Antonio”, el objetivo de esa operación.

Con estos dos hechos y la desarticulación del sistema de colaboradores civiles llego a su fin la ofensiva estatal contra el clan Quispe Palomino. Más claro aún: se abandono un sistema que funciono. La desarticulación del sistema de los ciudadanos colaboradores y la inteligencia humana volvió a mostrar el fracaso de la estrategia militar antiterrorista. Asimismo, que no se puede seguir ejecutando una estrategia militar contra una narco-organización.

Dos emboscadas marcaran la recuperación de esta organización. La emboscada a un convoy militar, el 9 de abril del 2016, un día antes de la primera vuelta de las elecciones generales, que dejo 8 soldados y dos civiles muertos en Santo Domingo de Acobamba, Junín. Y, el 1 de agosto de ese año, el ataque a la Base militar de Micaela Bastidas, ubicado en el distrito de San Martín de Pangoa, Satipo, Junín, que dejó un soldado herido.

Estas emboscadas, sobre todo el de Santo Domingo de Acobamba, marcó el fin del repliegue de esta organización dirigida por “José” entre 2014 y 2015. El ataque a la base militar era el primero que ocurría en el recién estrenado gobierno de PPK. Así llegamos a este año, con la organización armada de “José” a la ofensiva con las cinco narcoemboscadas a policías y militares y un enfrentamiento que dejo como saldo 9 policías, 3 militares y 2 narcos abatidos.

El balance: casi 10 años de fracaso y los enormes costos económicos.

El balance global es categórico: las FFAA en el VRAEM ha fracasado en los casi 10 años que tiene en el VRAEM. ¿Como es posible que 10 mil soldados, que es lo que hubo hace menos de un año, no puedan haber derrotado a una organización armada que no llego a tener más de 200 hombres de combate? ¿Como es posible que un puñado de hombres hayan provocado cerca de 80 bajas a las FFAA entre julio del 2003 hasta la fecha? Y, ¿cuanto se gasto en la estrategia militar?

Los costos económicos para el Estado ha sido enorme. Solo en la gestión de Ollanta Humala, de julio del 2011 al 2015, se gasto S/10600 millones en gastos militares (http://larepublica.pe/politica/808891-contraloria-gobierno-de-humala-gasto-mas-de-s10600-millones-en-compras-militares). En los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, incluyendo el breve gobierno de Valentin Paniagua, se gastó S/ 5300 millones.

En total, S/ 15900 millones sin considerar los gastos corrientes (sueldos y bonificaciones) de 9600 soldados o cerca de ocho mil soldados en 57 bases militares que, según el ministro de defensa y el congresista Quesquen, están en el VRAEM. Si consideramos esos gastos el monto puede fácilmente ascender a S/ 20 o 25 mil millones hasta el 2015. Así, las FFAA tuvieron enormes recursos económicos para acabar con esta organización armada que, en su mejor momento, oscilaba entre 500 a 600 hombres.

¿Como es posible que, con los enormes recursos que le asignaron, no hayan recuperado bajo control del Estado a Vizcatán ni la parte norte del VRAEM? La respuesta no radica -como dijo el ministro de defensa- en reajustar la estrategia actual. La cuestión de fondo radica en que se esta implementando una estrategia militar sin enfrentar el principal problema del VRAEM y el país: el narcotráfico. Industria de la cocaína de la que forma parte la organización del clan Quispe Palomino.

La estrategia militar: El principal obstáculo para luchar contra el narcotráfico, la coexistencia y narcomilitares

Algo más: la estrategia militar antiterrorista ha sido, desde su ejecución, el principal obstáculo para implementar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico en el VRAEM. La ejecución de esta estrategia donde no hay terroristas por los cuatro gobiernos del siglo XXI, favoreció al narcotráfico. Los resultados están a la vista: es la principal zona de producción de coca y cocaína (250 toneladas anuales) del mundo.

Es, además, una estrategia que, al no enfrentar al narcotráfico, coexiste con este. Esa coexistencia ha llevado, entre 2008 al 2015, a muchos militares a cobrar cupos por los narcovueltos a Bolivia y Brasil. Esto arrancó el 2008 pero tuvo, entre el 2011 al 2015, su mayor apogeo. Es más: la mayoría de pistas, sino la totalidad, estaban ubicadas cerca a las bases militares. Esto fue denunciado por los ashaninkas el 2013.

¿Cuanto costó hacerse el ciego, mudo y sordo? No sabemos. Lo que si se sabe es, como ocurrió en los 90, que eso cuesta. Otros militares, debido a que el narcotráfico no es considerado el enemigo principal, como ocurrió a fines de los 80 y 90 en el Alto Huallaga, se han dedicado a cobrar cupos a los patrones de firmas. Y existen diversos testimonios que señalan que militares están “negociando”/extorsionando a los “mochileros” en los caminos de herradura.

Desde hace años, varios soldados han sido detenidos transportando o negociando el pase de droga. Uno de los casos es el del teniente EP Wilmer Delgado Ruiz, jefe de base Alto Comaina N° 79, quien -según La República- “coordinaba con narcos llegada de avionetas a cambio de pagos. Diálogos sugieren que mandos se repartían las ganancias” (http://larepublica.pe/politica/890369-militar-cobraba-hasta-s-50-mil-por-vuelo-de-droga-en-vraem). Cobraba hasta 50 soles por vuelo.

Otro caso es la detención de cuatro militares con 40 kilos de droga. “Cuatro miembros de inteligencia del Ejército Peruano (EP) habrian sido detenidos con un cargamento de 40 kilos de droga en la localidad de Tacora, en el distrito de Llochegua en la provincia de Huanta, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE)” (https://enlinea.pe/2012/08/02/detienen-a-cuatro-presuntos-militares-con-40-kg-de-droga-en-ayacucho/). Estos efectivos militares fueron detenidos por los ronderos.

Hay, pues, narcomilitares. Por lo tanto, existe el peligro de un narcomilitarismo como ocurrió entre fines de los 80 y parte de los 90 (https://www.youtube.com/watch?v=CcSsNJNdGjQ). En otra entrega, detallaremos como los militares, el año 2014, se opusieron a que se erradique las 16 mil hectáreas de cultivos de coca en el Vraem como fue anunciado por Devida y el propio ex presidente Ollanta Humala. ¿Ahora quieren participar de las “labores de interdicción” sin tocar la coca?

Ahora si entremos al segundo aspecto: ¿deben las FFAA, cuya estrategia -en todos sus extremos- ha fracasado en la lucha contra el “narcoterrorismo” con enormes recursos económicos que tiene, que coexiste con el narcotráfico y muchos militares que cobran cupos, participar en las labores de interdicción? La respuesta es una sola: no. Primero, porque han fracasado, en cerca a diez años, derrotar a una narco-organización armada. Es decir, ha fracasado la estrategia militar.

De otro lado, porque no es su función constitucional ni están preparadas ni especializadas para esa labor que, constitucionalmente, le corresponde a la policía. Y, una tercera razón, es porque amplias franjas, no las instituciones, de militares están cobrando cupos a los narcotraficantes. Muchos van al VRAEM a “forrarse” (llenarse) de dinero. Hasta pagan para ir a la zona. Esto también, hay que reconocerlo, pasa con los policías.

No hay que militarizar la lucha contra el narcotráfico. Más bien ha llegado el momento de devolver a las FFAA a sus cuarteles y diseñar e implementar una estrategia integral antinarcoticos. Lo peor que le puede pasar al país es que la mayoría fujialanista apruebe, en segunda votación, que los militares participen en las labores de interdicción o, lo que es lo mismo, la lucha contra el narcotráfico.

Dar ese paso indicaría que no se aprendió nada nada de la experiencia del narcomilitarismo de los 80 y, sobre todo, de los 90, cuando los militares cobraban cupos de las narcoavionetas colombianas. O cuando Montesinos enviaba a sus cajeros para cobrar los cupos por los vuelos. En ese sentido, que los militares participen en la lucha contra el narcotráfico sería para el narcotráfico una gran noticia.

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Jaime Antezana Rivera

Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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