Jaime Antezana Rivera.

El fujimorismo tiene 14 narcocongresistas de 21 que pululan en el Congreso. De esa cantidad de narcocongresistas, 10 son “patrones” o “capos” de firmas regionales y nacionales del narcotráfico. Los 4 restantes, son congresistas financiados. A estos, en los 80 y 90, se les llamaba narcocongresistas.

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha advertido que los 10 capos del narcotráfico que fueron elegidos el 10 de abril del 2016 tienen un área de influencia mayor: existe, no menos, de 5 congresistas (Ga, Ga, Sa, Po, Ara) que también fueron financiados por los “capos”.

Si bien no provienen directamente del negocio de la droga sí del financiamiento de las firmas regionales y nacionales del narcotráfico que apoyaron la campaña de Fuerza Popular. De los 10 “capos” congresistas, fue el “Pelao” quien financió al mayor numero de estos congresistas.

La facilitación de un ente inmobiliario, la alianza empresarial y deportiva y el financiamiento de sus campañas fueron sus principales armas de atracción. Así, obtenían su adhesión y subordinación a una organización que ya parece el narcopartido más importante de esta época.

Ahora, si consideramos a estos 5 congresistas no tomados en cuenta inicialmente, tenemos que la narcobancada fujimorista no es de 14 narkocongresistas sino de 19 narcocongresistas. Ergo: es la narcobancada más poderosa de nuestra historia republicana.

Esta narcobancada es, a diferencia de las demás (APP, PPK, Alanismo), la que manda y marca el rumbo del fujimorismo y tiene una identidad común con los que no forman parte de esta. Eso sí, no tiene un rostro propio. Se “ocultan”. Se mimetizan. Prefieren el “perfil bajo”. Otros dan la cara

Pese a ello, es la narcobancada la que, por investigar a Keiko y su esposo, quiere sacar al Fiscal de la Nación Pablo Sánchez de su cargo. De igual modo, por el lesa humanidad a los que asesinaron en el frontón, quiere sacar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El instrumento que están utilizando: la denuncia constitucional.

De esta manera, no solo buscan sacarlos de sus cargos sino -esto es lo más importante- quieren el control total de estas institucionales fundamentales del Estado. En el caso del Ministerio Público es un atajo, pues ya están copando el CNM. Otras instituciones ya están copadas: Defensoría, Sunat, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), etc.

Paralelamente a la pretensión de sacar al Fiscal de la Nación y cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC), también apuntan al presidente de la república: así es, al débil y errático PPK. Al jefe del Ejecutivo de un gobierno que no ha hecho -en más de un año y medio- nada bueno por el país.

Así, la narcobancada con o sin Kenyi ha decidido, contra la ley y con una interpretación “autentica”, que PPK debe recibir “a la comisión del Congreso que investiga las coimas pagadas por empresas brasileñas en nuestro país” (https://elcomercio.pe/politica/hay-golpe-parlamentario-camino-hay-detenerlo-noticia-475111).

¿A donde apunta todo esto? A un “golpe parlamentario” ha dicho Gino Costa, a un “golpe fujimorista a las instituciones” a titulado Rosa María Palacios la entrevista con Samuel Abad. Por su parte, Alan Wagner ha dicho que aprobación de acusación contra Sánchez sería un “grave golpe al estado de derecho”.

Estas caracterizaciones se basan en perspectivas normativas. Y hacen evocar lo que hizo el fujimorismo en 1992 cuando “cerro” -junto al Congreso y otras instituciones- el Ministerio Publico y el Tribunal Constitucional. De ahí la idea de “golpe parlamentario”, “golpe fujimorista” o “golpe al estado de derecho”.

¿Dará el narcofujimorismo, con su aliado el alanismo, esos golpes a las instituciones o al estado de derecho? Todo indica que están decididos hacerlo. Que no pararan en destituir al Fiscal y a los cuatro miembros del TC, con lo cual se tiraran abajo a estos organismos y los someterán. La maquinaria narcofujimorista ya tiene su calendario.

¿Porque están decididos hacerlo? Pues quieren parar la investigación por lavado de activos a Keiko, su esposo y Joaquín Ramírez con su familia. Esa es la razón principal. Más aún en el marco de la ley de Crimen Organizado. Es decir, no quieren que conozca que habría habido lavado de activos en la campaña del 2011 y 2016.

¿De donde salieron los fondos? Es evidente que no fue de Odebrecht, el cual debe investigarse cuando llegue la documentación oficial y tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata sean considerados “colaboradores eficaces”. ¿Entonces de donde salió los fondos? La respuesta es obvia.

Por esa razón, los golpes institucionales contra el Fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional es para completar el entramado del narcoestado, de una narcorepública. En ese empeño esta el fujimorismo en su conjunto empujado por los 10 capos del narcotráfico que ahora son “padres de la patria”.

De otro lado, si la investigación de lava jato y las revelaciones de Marcelo Odebrecht alcanza para la vacancia de PPK, el eventual adelanto de las elecciones será para que gane Fuerza Popular. Ese triunfo será el triunfo del narcoestado y la conversión del Perú en una narcorepública.

Eso es lo que estamos enfrentando. Eso es lo que hay que impedir. Todos estamos en riesgo.

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Jaime Antezana Rivera

Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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