Jaime Antezana Rivera.

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, fue el lema surgido espontáneamente en el curso de las protestas populares, piquetes y cacerolazos en la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina.

Con ese lema movilizador, que expresaba la crisis de representatividad y el desencanto completo de la población respecto de sus dirigentes políticos o la clase política, el pueblo argentino canceló al gobierno de Fernando De la Rúa.

Al conocerse el documento donde Odebrecht señala que realizó 7 pagos por un total de US$782.207 a Westfield Capital, empresa unipersonal que fundó PPK, ese lema adquiere una inusitada actualidad en el Perú.

Es un lema que aglutina el descontento mayoritario. Es el lema que sintetiza el desencanto de la mayoría de peruanos frente a la corrupción de cinco presidentes: Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK. Y de la hija de Fujimori, Keiko.

Así, luego de un debido proceso, PPK debe irse a su casa por haber mentido al país. Pero también deben irse todos los que recibieron coimas o financiamiento de Odebrecht: Toledo, Alan, Ollanta, Keiko y Susana Villarán.

Eso debe expresarse en el pedido fiscal de prisión preventiva a Keiko, Alan, Susana y, luego del debido proceso, PPK. No debe quedar ni uno libre: Cornejo, Moreno, Castañeda. Y varios que están pasando piola.

Es decir, deben irse todos los que resulten responsables de uno de los casos de corrupción más importantes y extendidos de nuestra historia republicana que involucró a la mayoría de la clase política y parte de la clase empresarial.

La eventual vacancia presidencial o renuncia de PPK no implica la salvación de Keiko y Alan. Hace rato que ambos deberían estar con prisión preventiva. Sus casos son similares a Humala. Para el fiscal falta que hable Jorge Barata.

“Que se vayan todos” es el lema que recorre el Perú. Ha llegado el momento de cancelar la peor clase política que ha tenido el país. En otras palabras, ni PPK, ni Alan, ni el narcoestado que representa el fujimorismo.

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Jaime Antezana Rivera
Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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