Jaime Antezana Rivera.

Así como el gerente general de Odebrecht envió la información a la Comisión Lava Jato que preside Rosa Bartra, en el que PPK aparece presuntamente haber recibido pagos de esta empresa a través de dos empresas, porque no envía un informe sobre “aumentar Keiko para 500” para la campaña del 2011.

En efecto, si fue tan fácil que el gerente general de Odebrecht envié los informes, aún parciales y en corto tiempo, sobre PPK debe ser igualmente fácil que envié el informe de los montos de finamiento que esta empresa le habría entregado a Keiko Fujimori. Más aún, si Marcelo Odebrecht aceptó que se dio.

Además, ¿por qué, en el caso de Keiko, tenemos que esperar la gran lentitud para que llegue lo que Odebrecht les respondió a los fiscales peruanos el mes de noviembre pasado? ¿Por qué tenemos que esperar hasta las calendas griegas que Jorge Barata corrobore lo que su jefe, en general, ya acepto? ¿Por qué Keiko no esta en prisión?

Existe, a todas luces, un trato diferenciado de Odebrecht con Keiko Fujimori. ¿Por qué será? ¿Que hay detrás de ese trato diferente de la empresa brasileña más corrupta de América Latina con Keiko, que conduce -como dice César Hildebrandt-una organización delincuencial o que cada vez más parece un narcopartido?.

Odebrecht ha dotado al fujimorismo de un discurso anticorrupción. Les ha dado un arma para que se presenten como “luchadores”, que nada los detendrá, de la corrupción. Ya sabremos pronto porque la rapidez inusual con la que entregaron el informe. Ya varios artículos lo han señalado; se trataría de negocios. ¿Que más puede provenir de Odebrecht y del fujimorismo?.

Por otro lado, ese trato diferenciado y concesivo con el fujimorismo, es decir, no enviar la información del financiamiento de Odebrecht para la campaña electoral de Fuerza Popular del 2011, es una de las razones para que el Ministerio Público no haya solicito la prisión preventiva para la cabeza del fujimorismo: Keiko.

Aunque lo que dijo Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos en Curitiba y la investigación por lavado de activos con Joaquín Ramírez, sean razones suficientes para que Keiko esté con prisión preventiva. La hipótesis fiscal de una doble contabilidad o contabilidad paralela es otra razón.

En suma, todo parece indicar que Odebrecht estaría empeñada en proteger a Keiko y, por extensión, a Alan García. En consecuencia, que la prisión preventiva sea selectiva: para Toledo, Humala y los “pecitos” de Alan. Y, para PPK, la renuncia o la vacancia. O, como lo escrito Mirko Lauer, “Odebrecht golpista”.

Es, pues, necesario que la ciudadanía y los organismos de justicia soliciten los montos que esta empresa dio a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Con esto no se trata de salvar a PPK de la vacancia. Se trata que Keiko, quien tiene una situación parecida a Humala, vaya a prisión preventiva.

En conjunto, se trata que “se vayan todos”. PPK, pero con el derecho a la defensa, Keiko, Alan, Toledo, Humala, Susana, Moreno y todos los que resulten responsables de mentir, recibir coimas, ser testaferros o recibir financiamiento de la mega empresa corrupta de Odebrecht.

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Jaime Antezana Rivera
Consultor e investigador social de la problemática del narcotrafico en el Perú (1998-2015) y sus múltiples aspectos: amapola, coca, cocaína, látex de opio y morfina, violencia, política narcovuelos, lavado de activos en el Perú: Con diversas publicaciones (artículos, ensayos y papers temáticos y regionales y colaborador en cuatro libros) de este problema para el desarrollo, la seguridad y gobernabilidad . Investigador y analista de conflictos sociales (2008-2015) en las regiones con presencia de narcotrafico y violencia narcosenderista. Con experiencia y publicaciones (artículos, papers y ensayos) de regiones del norte del país (Amazonas,Cajamarca, Piura y La Libertad), Puno y Madre de Dios. Promotor e Investigador social de la problemática del desplazamiento forzoso (1988-1998) producto de la violencia política que el Perú vivió en los 80 y parte de los 90; promotor e investigador del retorno y repoblamiento de los desplazados a sus comunidades de origen en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, post conflicto. Investigador social de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, los Comités de Autodefensa Campesina y las secuelas de la violencia política (1991-2015) en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín y, desde 2007-2008, en el Valle del Río Apurímac y Alto Huallaga.

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